Cuatro estudiantes no pudieron explicar en qué usaron el dinero de sus becas del IFARHU

La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a cuatro jóvenes de las provincias de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, beneficiarios de los auxilios económicos otorgados por el IFARHU entre 2019 y 2022 para cursar estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Cada uno de ellos habría recibido más de $25 mil, pero al momento de sustentar el uso de esos fondos, las cuentas no cuadraron.

El caso ha despertado gran atención pública, especialmente porque en los últimos meses han salido a la luz diversos beneficiarios de becas y auxilios que presuntamente no cumplían con los requisitos o no justificaron sus gastos. Estos cuatro estudiantes se suman a esa lista de situaciones que ponen bajo la lupa los controles del programa.

Lo que más llama la atención es que, según se comenta en los pasillos universitarios y en redes sociales, algunos de los beneficiarios llevaban un estilo de vida muy por encima de lo que se esperaría de estudiantes becados: ropa de marca, celulares de último modelo y un nivel económico que contrasta con la ayuda recibida. Todo esto ha generado cuestionamientos sobre la verdadera necesidad de los fondos y la falta de fiscalización en su uso.

El IFARHU destina millones de dólares cada año a programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos, con el objetivo de impulsar la educación superior en el país. Sin embargo, este tipo de casos reabre el debate sobre la transparencia en la entrega y supervisión de los auxilios económicos.

La investigación continúa, y aunque no se han revelado los nombres de los implicados, la situación ha dejado un mensaje claro: los fondos públicos destinados a la educación deben rendir cuentas y ser usados de forma responsable. El caso de estos cuatro estudiantes se convierte así en un reflejo de la necesidad de mayor control, equidad y transparencia en uno de los programas más importantes para el desarrollo educativo del país.