La Contraloría manda a la Fiscalía a Panama Ports y a los exjefes de la AMP por el contrato de los puertos
La denuncia penal apunta a exadministradores y exdirectivos de la AMP de 2014 a 2023 y a la empresa que opera Balboa y Cristóbal, por posibles delitos contra la Administración Pública.

El lío de los puertos de Balboa y Cristóbal ya llegó a la Fiscalía. La Contraloría General presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles irregularidades en la concesión que tiene Panama Ports Company (PPC).
Según La Estrella de Panamá, la denuncia se formalizó el martes 17 de noviembre y se dio a conocer este miércoles.
¿A quiénes apunta?
- A la empresa Panama Ports Company.
- A quienes fueron administradores generales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023.
- A los miembros principales y suplentes de la junta directiva de la AMP en esos mismos años.
La denuncia no menciona nombres de personas, y habla de posibles delitos contra la Administración Pública.
¿De dónde sale?
Todo nace de una auditoría financiera y de cumplimiento al contrato ley de 1997 entre el Estado y PPC, con todas sus adendas. La Contraloría revisó los estados financieros de la empresa y si cumplió lo que firmó.
Según TVN Noticias, la Contraloría dice haber encontrado "posibles anomalías que podrían configurar delitos en perjuicio del Estado". Ahora los fiscales tendrán que analizar las pruebas y decidir si hubo delito y quiénes serían los responsables.
El contexto: la Corte ya tumbó el contrato
Esto llega después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ley que aprobó el contrato. El fallo es del 29 de enero de 2026 y salió en Gaceta Oficial el 23 de febrero. También cayeron la prórroga de 2021 y los actos relacionados.
PPC opera los dos puertos, en el Pacífico y el Atlántico, desde 1997. La prórroga de 2021, por otro periodo igual, fue muy criticada por las condiciones y por lo poco que recibía el Estado, que tenía un 10% de la empresa.
"Más de $1,300 millones"
El contralor Anel Flores ya había ido a la Corte con una demanda de inconstitucionalidad y otra de nulidad, basadas en una auditoría que hablaba de faltas de inversión y daño económico al Estado. Según La Estrella, Flores ha dicho que las condiciones eran desfavorables y que más de $1,300 millones no llegaron a las arcas públicas. Eso es lo que afirma él; ahora le toca a la Fiscalía investigarlo.
Hasta el cierre de las notas de La Estrella y TVN, ni la empresa ni los exfuncionarios habían respondido.
Imagen ilustrativa generada con IA.
Con información de TVN Noticias.
